En octubre de 2008 fuimos invitados a participar de una serie de jornadas sobre la problemática de los migrantes por la Organización Demçocrata Cristiana de América.
La misma se llevó a cabo en la ciudad de México

Mi cordial agradecimiento al Presidente de ODCA Manuel Espino Barrientos, a la Directora de Asuntos Políticos y Desarrollo de Programas de ODCA,  Srta. Rocío Luna Rodríguez y al Coordinador de Análisis Político de ODCA Juan Carlos Wills  por todas las atenciones recibidas.

Migrantes: ciudadanos del mundo y agentes de desarrollo

Un llamado a mundializar la solidaridad

El migrante es la persona que define nuestro tiempo. Aunque existentes a lo largo de toda la historia, hoy los flujos y contraflujos migratorios se dan con un alcance geográfico, rapidez y abundancia sin precedente, gracias a la movilidad que brindan las comunicaciones contemporáneas.

Según la ONU, más de 191 millones de personas viven en un país distinto al que nacieron, siendo cada una de ellas un tanto a favor del pluralismo y el universalismo en sus sociedades de acogida. Prácticamente todas las naciones del globo son afectadas —económica, social y políticamente— por el omnipresente migrante.

Desde el humanismo político, este auge migratorio no sólo no es condenable sino, muy por el contrario, bienvenido y celebrado. La migración no es un problema sino una oportunidad en lo social, y un derecho inalienable en lo individual.

Estamos convencidos de que el intercambio de ideas que conlleva la movilidad de personas tiene la potencialidad de enriquecer cultural y económicamente a las sociedades, así como contribuir a crear un mundo más justo, democrático y con oportunidades para todos.

Ello se dará únicamente si los gobiernos atajan las prácticas xenofóbicas y protegen los derechos laborales de los migrantes, así como —muy especialmente— los factores que vulneran a las mujeres y niños que emigran. De poner en marcha políticas públicas pertinentes, más que un choque podremos ver un encuentro de civilizaciones, mundializar los valores y prácticas de la democracia, hacer que convivan sincréticamente nuevas costumbres y creencias religiosas, y extender el respeto a los derechos humanos.

Pugnamos porque las propuestas políticas se alejen de las salidas fáciles que culpan al migrante de los males de sus sociedades de acogida; habría que evitar, sobre todo, el discurso altisonante y simplificador que condena la migración para comprar votos.

Ello da pie a que se entorpezcan avances legislativos que impidan los terribles abusos que padecen muchos migrantes, tanto en el transcurso de su viaje como al llegar a su nuevo país. Un discurso político violento en contra del migrante redunda, a la larga, en la creación de un ambiente social propicio para que traficantes de personas, autoridades corruptas y empleadores abusivos se convierten en victimarios de personas esencialmente indefensas.

Asimismo, creemos que las autoridades educativas y religiosas tienen un papel fundamental en la creación de un ambiente de comprensión social hacia el migrante. Ni el maestro ni el ministro de culto pueden eludir su responsabilidad de fomentar la tolerancia y el respeto al otro, distendiendo las naturales tensiones culturales que acarrea el extranjero, desde el púlpito tanto como desde la cátedra.

Puntualizamos que el sector productivo también se encuentra frente a deberes irrenunciables en materia de migración. Desde el punto de vista de la empresa socialmente responsable, hay que crear códigos de ética —e instrumentarlos eficazmente— para que el migrante pueda laborar libre de explotaciones o abusos.

Los empresarios, además, podrían ser punta de lanza para acabar con la simulación que cierra públicamente la entrada al migrante mientras le deja abierta la puerta de servicio, permitiendo su entrada de manera extralegal con la complicidad de algunas autoridades por intereses comerciales.

Señalamos, también, una experiencia compartida por los países que han buscado paralizar la migración con base en el uso terminante del poder estatal: el migrante jamás ha sido detenido, aunque en el intento han sido aplastadas diversas libertades cívicas esenciales, se han apagado vidas y se han puesto trabas a la economía.

Ciertamente, las exigencias de seguridad que nos imponen nuestro tiempo hacen indispensable un control escrupuloso de las fronteras el cual, por prudencia, debe dejar espacios para que avance el migrante legal. De no ser así y partiendo de la base de que históricamente ha sido detener la migración, se fuerza la creación de caminos al margen de la ley. Se puede formular, de manera simplificadora, que la migración siempre habrá de avanzar y que está en manos de los gobiernos el que lo haga por canales legales.

Por parte de los países expulsores de migrantes, es urgente enfrentar las causas políticas y económicas que orillan a las personas a emigrar: la pobreza, el desempleo, los conflictos religiosos y las persecuciones políticas, las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de libertades. Sólo así nos aseguraremos que el migrante emprenda un camino por voluntad propia y no como un fugitivo de su propia patria.

Es pertinente puntualizar que este no es un tema exclusivamente económico, pues para el migrante existen otros alicientes, como el buscar sociedades más abiertas, democráticas, participativas, libres de racismo, con equidad y estabilidad.

Por todo lo anterior, reconocemos que la migración es un fenómeno y un derecho intrínsecamente humanos, que nos ha acompañado y nos acompañará mientras existan países y personas. Es nuestro deber —desde la academia, desde la política, desde la iglesia y desde la sociedad civil— trabajar para que el migrante avance protegido durante su camino, con sus derechos a salvo, con su integridad humana intacta.

Porque migrar es un acto de esperanza, de fe en la vida, una mano que se extiende en la búsqueda de solidaridad humana. Y a ello debemos responder.