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CS, noviembre 6-963. - Martín y Cía. Ltda. S. A. c. Gobierno Nacional,
Administración General.de Puertos
Buenos Aires, noviembre 6 de 1963.
Considerando: 1° - Que el recurso
extraordinario deducido a fs. 247 y concedido a fs. 250 es procedente, con
arreglo a lo dispuesto en los incs. 1° y 3° del art. 14 y en el art. 13 de la
ley 48 (ADLA, 1852-1880, 364).
2° - Que, en efecto, el mencionado escrito
está suficientemente fundado, pues contiene mención adecuada de los hechos de la
causa y de las cuestiones federales comprendidas en ella, así como de la
relación que guardan a los fines de la decisión del pleito. Habida cuenta de que
no se trata de un recaudo sacramental y que el litigio reitera precedentes que
han sido objeto de análisis en la causa, lo expuesto basta para desechar el
agravio referente al punto (doc. de Fallos, t. 246, p. 221 y otros).
3° - Que, por otra parte, la materia del
pronunciamiento, tanto en lo concerniente al alcance de un tratado internacional
como de las normas que se afirma lo modifican y a su respectiva prelación y
validez, es federal. A ese respecto se cumple, en los autos, el requisito de la
resolución contraria, en los términos de la jurisprudencia sobre la materia,
cuando median pretensiones encontradas, con fundamento en normas de aquel
carácter (doc. de Fallos, t. 189, p. 309; t. 247, p. 277 y otros). Y toda vez
que la sentencia recurrida de fs. 240 las examina y resuelve, tampoco es eficaz
la aserción de la inoportunidad con que las cuestiones referidas se dicen
propuestas en la causa (Fallos, t. 249, p. 332; t. 254, p. 65 y otros).
4° - Que es pertinente analizar, en primer
término, la cuestión atinente a la jerarquía de los tratados internacionales y
de las leyes de la Nación, en cuanto unos y otras integran el ordenamiento
normativo interno de la República. La realidad de esta aserción deriva, sin
duda, de lo preceptuado por el art. 31 de la Constitución Nacional en cuanto
establece que la misma Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten
por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la Ley Suprema
de la Nación. Y la consideración del punto es propia de los jueces nacionales,
al tenor de la enunciación que, en cuanto a su competencia, y reiterando la del
art. 31 -con la salvedad del art. 67, inc. 11- hace el art. 100 de la propia
Constitución.
5° - Que estos preceptos constitucionales y
los con ellos concordantes, sustentan el orden jerárquico de las normas que
rigen en la República, tanto en el ámbito nacional como provincial, en que el
problema es susceptible de plantearse, con iguales características. Y es con
base en tal jerarquía que se sustenta incluso el control de constitucionalidad
de unas y otras, que la ley encomienda en último término a esta Corte (Fallos,
t. 248, p. 189 [Rev. LA LEY, t. 101, p. 835, fallo 45.924] y sus citas; conf.
Corwin, "The Constitution
of the United States of America", p. 556 y siguientes).
6° - Que corresponde establecer que ni el art.
31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o superioridad a
los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes válidamente
dictadas por el Congreso de la Nación. Ambos -leyes y tratados- son igualmente
calificados por el Congreso de la Nación y no existe fundamento normativo para
acordar prioridad de rango a ninguno.
7° - Que esta conclusión es también la
adoptada por la doctrina y la jurisprudencia norteamericana, con fundamento
igualmente en un texto análogo al del art. 31 de la Constitución Nacional, la "supremacy
clause" de la Constitución de los Estados Unidos, a saber, la cláusula 2ª del
art. VI (conf Corpus iuris
secundum, vol. 87, p. 943; v. también Cooley, "Constitutional Limitations", vol.
I, p. 25 y sigts., nota 2; Willoughby, "Principles", p. 236 y sigts.; Corwin,
"The Constitution of the United States of America", p. 418 y siguientes).
8° - Que se sigue de lo dicho que rige
respecto de ambas clases de normas, en cuanto integrantes del ordenamiento
jurídico interno de la república, el principio con arreglo al cual las
posteriores derogan a las anteriores. En su expresión clásica: "Leges
posteriores priores contrarias abrogant", ha sido también admitido como
consecuencia necesaria de la igualdad jerárquica señalada por la doctrina y la
jurisprudencia norteamericana, antes recordada.
9° - Que corresponde todavía señalar que el
derecho internacional, con base en la distinción entre los tratados en cuanto
convenios entre distintas potencias y como normas del ordenamiento jurídico
nacional interno, remite también la solución, en el segundo aspecto, a la
organización constitucional respectiva (conf. Kelsen, Hans, "Principles of
International Law", Nueva York, 1952, p. 419; H. Lauterpach, "Regles Générales
du Droit de la Paix", Rec. del Cours de l'Académie de Droit International, 1937,
t. IV, p. 144; Verdross, "Derecho Internacional Público", 3ª ed., Madrid, 1957,
p. 72; Oppenheim, "Tratado de Derecho Internacional Público", Barcelona, 1961,
vol. I, tít. I, cap.
IV, ps. 21 y 22). A lo que debe
añadirse que la posible cuestión de orden internacional subsistente es ajena,
como principio, a la jurisdicción de los tribunales de justicia internos. Y
depende de circunstancias atinentes a la conducción de las relaciones exteriores
de la Nación, sujetas a reclamo por las altas partes contratantes, a cuyo
respecto no cabe decisión por esta Corte (conf. Corwin, ob. y lug. citados).
10. - Que el tribunal estima que el
decreto-ley 6575/58 (ley 14.467 [ADLA, XVIII-A, 1008, 94]) es medificatorio del
Tratado de Comercio y Navegación celebrado con la República del Brasil en 1940 y
aprobado por ley 12.688 (ADLA, I, 30). Cualesquiera sean las objeciones de orden
técnico a la redacción del mencionado decreto-ley, no es dudosa la voluntad
legislativa, en cuanto a la pertinencia del pago de las gabelas de que trata la
causa.
11. - Que a ello corresponde agregar que la
reforma del régimen legal no puede ser impedida so color de la independencia del
Poder Judicial, respecto de la opinión del Legislativo o Ejecutivo.
Consideraciones de tal tipo, adecuadas respecto de la práctica en la aplicación
de normas dudosas subsistentes, no lo son cuando media derogación válida, como
sin duda resulta del art. 17 del Cód. Civil y del acatamiento que los órganos de
aplicación del derecho deben a las leyes vigentes (Fallos, t. 249, ps. 37 y 425
y otros; conf. Willoughby, "Principles", ps. 36/37, nota 6; Fallos, t. 211, p.
83, consid. 5° y sus citas). Por lo demás, la interpretación armonizante,
especialmente pertinente en supuestos de orden constitucional, no puede llegar a
desconocer el fin manifiesto de la ley, en su letra y en su espíritu (Fallos, t.
242, p. 128; t. 250, p. 427; t. 253, p. 344 y otros).
12. - Que se sigue igualmente de lo expuesto
que la inconstitucionalidad alegada del decreto-ley 6575/58, con fundamento en
los arts. 67, inc. 19, y 86, incs. 2° y 14 de la Constitución Nacional, no es
admisible. El argumento remite, en efecto, a las cuestiones dilucidadas en los
considerandos anteriores en cuanto a la respectiva derogabilidad de leyes
nacionales y tratados con las potencias extranjeras, como integrantes del
ordenamiento jurídico interno, a cuya solución corresponde estar.
13. - Que la facultad del tribunal para
reconocer respecto de las cuestiones propuestas en la causa, resulta también de
lo ya expresado en los considerandos, con fundamento en los preceptos de los
arts. 31 y 100 de la Constitución Nacional.
14. - Que, por último, lo resuelto en
anteriores precedentes de esta Corte no es óbice a la solución a que se llega.
En ellos, en efecto, la específica materia del presente pronunciamiento
-aplicación del decreto-ley 6575/58- no fue objeto de solución expresa.
15. - Que siendo suficientes las
consideraciones que anteceden para la solución de la causa, se hace innecesario
el análisis de los demás puntos argüidos en ella.
Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se revoca la sentencia
apelada en lo que ha sido objeto de recurso extraordinario. - Benjamín Villegas
Basavilbaso. - Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid. - Pedro Aberastury. - Esteban
Imaz. - José F. Bidau.
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