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ESTATUTO DEL RIO URUGUAY
El gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República Oriental del Uruguay animados del
espíritu fraterno que inspira el Tratado del Río de la Plata y su Frente
Marítimo, suscripto en Montevideo el 19 de noviembre de 1973, han convenido lo
siguiente:
CAPITULO I
Propósitos y definiciones
Artículo 1º — Las partes
acuerdan el presente estatuto, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7º del
Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961, con el fin de
establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional
aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y
obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes.
Art. 2º — A los efectos de
este estatuto se entiende por:
a) Partes: La República
Argentina y la República Oriental del Uruguay.
b) Tratado: El Tratado de
Límites entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay en el
Río Uruguay, suscripto en Montevideo el 7 de abril de 1961.
c) Río: El Río Uruguay en el
tramo señalado en el art. 1º del tratado.
d) Estatuto: El presente
instrumento jurídico.
e) Comisión: La Comisión
Administradora del Río Uruguay que se crea por el estatuto.
f) Protocolo: El Protocolo
sobre demarcación y caracterización de la línea de frontera argentino-uruguaya
en el Río Uruguay, suscripto en Buenos Aires el 16 de octubre de 1968.
CAPITULO II
Navegación y obras
Art. 3º — Las partes se
prestarán la ayuda necesaria a fin de otorgar a la navegación las mayores
facilidades y seguridad posibles.
Art. 4º — Las partes acordarán
las normas reglamentarias sobre seguridad de la navegación en el río y uso del
canal principal.
Art. 5º — La Comisión
adjudicará a las partes previo planeamiento en común, la realización del
dragado, el balizamiento y las obras de conservación de los tramos del canal
principal que fije periódicamente, en función del uso del mismo y de la
disponibilidad de medios técnicos.
Art. 6º — A los fines
expresados en el art. 5º, cada parte autoriza a que, en su jurisdicción, los
servicios competentes de la obra efectúen las tareas respectivas, previa
notificación a través de la Comisión.
Art. 7º — La parte que
proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración
significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras
de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la
calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará
sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede
producir perjuicio sensible a la otra parte.
Si así se resolviere o no se
llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el
proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión.
En la notificación deberán
figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su
operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer
una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al
régimen del río o a la calidad de sus aguas.
Art. 8º — La parte notificada
dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para expedirse sobre el proyecto, a
partir del día en que su delegación ante la Comisión haya recibido la
notificación.
En el caso de que la
documentación mencionada en el art. 7º fuere incompleta, la parte notificada
dispondrá de treinta días para hacérselo saber a la parte que proyecte realizar
la obra, por intermedio de la Comisión.
El plazo de ciento ochenta
días precedentemente señalado comenzará a correr a parte del día en que la
delegación de la parte notificada haya recibido la documentación completa.
Este plazo podrá ser
prorrogado prudencialmente por la Comisión si la complejidad del proyecto así lo
requiere.
Art. 9º — Si la parte
notificada no opusiere objeciones o no contestare dentro del plazo establecido
en el art. 8º, la otra parte podrá realizar o autorizar la realización de la
obra proyectada.
Art. 10. — La parte notificada
tendrá derecho a inspeccionar las obras que se estén ejecutando para comprobar
si se ajustan al proyecto presentado.
Art. 11. — Si la parte
notificada llegare a la conclusión de que la ejecución de la obra o el programa
de operación puede producir perjuicio sensible a la navegación, al régimen del
río o a la calidad de sus aguas, lo comunicará a la otra parte por intermedio de
la Comisión dentro del plazo de ciento ochenta días fijado en el art. 8º.
La comunicación deberá
precisar cuáles aspectos de la obra o del programa de operación podrán causar
perjuicio sensible a la navegación, al régimen del río, o a la calidad de sus
aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las
modificaciones que sugiera al proyecto o programa de operación.
Art. 12. — Si las partes no
llegaren a un acuerdo, dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la
comunicación a que se refiere el art. 11, se observará el procedimiento indicado
en el capítulo XV.
Art. 13. — Las normas
establecidas en los arts. 7º a 12 se aplicarán a todas las obras a que se
refiere el art. 7º, sean nacionales o binacionales, que cualquiera de las partes
proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el río Uruguay fuera del tramo
definido como río y en las respectivas áreas de influencia de ambos tramos.
CAPITULO III
Practicaje
Art. 14. — La profesión de
práctico en el río sólo será ejercida por los profesionales habilitados por las
autoridades de cualquiera de las partes.
Art. 15. — Todo buque que
zarpe de puerto argentino o uruguayo tomará práctico, cuando deba hacerlo, de la
nacionalidad del puerto de zarpada.
El buque que provenga del
puerto de un tercer Estado tomará práctico, cuando deba hacerlo, de la
nacionalidad del puerto de destino.
El contacto que el buque
tenga, fuera de puerto, con las autoridades de cualquiera de las partes, no
modificará el criterio inicialmente seguido para determinar la nacionalidad del
práctico.
En los demás casos, el
práctico deberá ser, indistintamente, argentino o uruguayo.
Art. 16. — Terminadas sus
tareas, los prácticos argentinos y uruguayos podrán desembarcar libremente en
los puertos de una u otra parte a los que arriben los buques en los que
cumplieron su cometido.
Las partes brindarán a los
mencionados prácticos las máximas facilidades para el mejor cumplimiento de su
función.
CAPITULO IV
Facilidades portuarias, alijos
y complementos de carga
Art. 17. — Las partes se
comprometen a realizar los estudios y adoptar las medidas necesarias con vistas
a dar la mayor eficacia posible a sus servicios portuarios, de modo de brindar
las mejores condiciones de rendimiento y seguridad, y ampliar las facilidades
que mutuamente se otorgan en sus respectivos puertos.
Art. 18. — Las tareas de alijo
y complemento de carga se realizarán, exclusivamente, en la zona que en cada
caso fije dentro de su respectiva jurisdicción la autoridad competente de
acuerdo con las necesidades técnicas y de seguridad, especialmente en materia de
cargas contaminantes o peligrosas.
CAPITULO V
Salvaguardia de la vida humana
Art. 19. — Cada parte tendrá a
su cargo la dirección de las operaciones de búsqueda y rescate dentro de su
jurisdicción.
Art. 20. — Sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 19 la autoridad que inicie una operación de búsqueda y
rescate lo comunicará a la autoridad competente de la otra parte.
Art. 21. — Cuando la magnitud
de la operación lo aconseje, la autoridad de la parte que lo necesite podrá
solicitar a la de la otra el concurso de medios, reteniendo cada una de las
partes el control de las operaciones que se realicen dentro de su jurisdicción.
Art. 22. — Cuando por
cualquier causa la autoridad de una de las partes no pudiere iniciar o continuar
una operación de búsqueda y rescate, solicitará a la de la otra que asuma la
responsabilidad de la dirección y ejecución de la misma, facilitándole toda la
colaboración posible.
Art. 23. — Las unidades de
superficie o aéreas de ambas partes que se hallen efectuando operaciones de
búsqueda y rescate podrán entrar o salir de cualquiera de los respectivos
territorios, sin cumplir las formalidades exigidas normalmente.
CAPITULO VI
Salvamento
Art. 24. — El salvamento de
buques será realizado por las autoridades o las empresas de la parte en cuya
jurisdicción haya ocurrido el siniestro, sin perjuicio de lo que establecen los
artículos siguientes.
Art. 25. — El salvamento de un
buque en el canal principal será realizado por las autoridades o las empresas de
la parte en cuya jurisdicción haya ocurrido el siniestro, de conformidad con los
criterios establecidos en el art. 48.
Art. 26. — Cuando las
autoridades o las empresas de la parte a la que corresponde el salvamento
desistan de efectuarlo, el mismo podrá ser realizado por las autoridades o las
empresas de la otra parte.
El desistimiento a que se
refiere el párrafo anterior no será demorado más allá de lo necesario y será
notificado de inmediato a la otra parte a través de la Comisión.
CAPITULO VII
Aprovechamiento de las aguas
Art. 27. — El derecho de cada
parte de aprovechar las aguas del río, dentro de su jurisdicción para fines
domésticos, sanitarios, industriales y agrícolas, se ejercerá sin perjuicio de
la aplicación del procedimiento previsto en los arts. 7º a 12 cuando el
aprovechamiento sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la
calidad de sus aguas.
Art. 28. — Las partes
suministrarán a la Comisión, semestralmente, una relación detallada de los
aprovechamientos que emprendan o autoricen en las zonas del río sometidas a sus
respectivas jurisdicciones, a los efectos de que ésta controle si las mismas, en
su conjunto, producen perjuicio sensible.
Art. 29. — Lo dispuesto en el
art. 13 se aplicará a todo aprovechamiento que sea de entidad suficiente para
afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.
CAPITULO VIII
Recursos del lecho y del
subsuelo
Art. 30. — Cada parte podrá
explorar y explotar los recursos del lecho y del subsuelo del río en la zona del
mismo sometida a su jurisdicción, sin causar perjuicio sensible a la otra parte.
Art. 31. — Las instalaciones u
otras obras necesarias para la exploración o explotación de los recursos del
lecho y del subsuelo no podrán interferir la navegación en el canal principal.
Art. 32. — El yacimiento o
depósito que se extienda a uno y otro lado del límite establecido en el art. 1º
del tratado, será explotado de forma tal que la distribución de los volúmenes
del recurso que se extraiga de dicho yacimiento o depósito sea proporcional al
volumen del mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de dicho límite.
Cada parte realizará la
exploración y explotación de los yacimientos o depósitos que se hallen en esas
condiciones sin causar perjuicio sensible a la otra parte y de acuerdo con las
exigencias de un aprovechamiento integral y racional del recurso, ajustado al
criterio establecido en el párrafo anterior.
Art. 33. — En las concesiones
para extraer arena, canto rodado o piedra del lecho o del subsuelo del río, la
parte otorgante deberá establecer, entre otras, las condiciones siguientes:
a) Que los residuos
provenientes del lavado y clasificación de los materiales extraídos sólo sean
descargados en los lugares que la Comisión indique como vaciaderos.
b) Que no pueden efectuarse
extracciones a distancias menores que las que indique la Comisión con relación a
los canales de navegación y a otros sectores del río.
Art. 34. — Serán aplicables,
en lo pertinente, las normas establecidas en los arts. 7º a 12 cuando la
exploración y explotación de los recursos del lecho y del subsuelo tengan
entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas.
CAPITULO IX
Conservación, utilización y
explotación de otros recursos naturales
Art. 35. — Las partes se
obligan a adoptar las medidas necesarias a fin de que el manejo del suelo y de
los bosques, la utilización de las aguas subterráneas y la de los afluentes del
río, no causen una alteración que perjudique sensiblemente el régimen del mismo
o la calidad de sus aguas.
Art. 36. — Las partes
coordinarán, por intermedio de la Comisión, las medidas adecuadas a fin de
evitar la alteración del equilibrio ecológico y controlar plagas y otros
factores nocivos en el río y sus áreas de influencia.
Art. 37. — Las partes
acordarán las normas que regularán las actividades de pesca en el río en
relación con la conservación y preservación de los recursos vivos.
Art. 38. — Cuando la
intensidad de la pesca lo haga necesario, las partes acordarán los volúmenes
máximos de capturar por especies, como asimismo los ajustes periódicos
correspondientes. Dichos volúmenes de captura serán distribuidos por igual entre
las partes.
Art. 39. — Las partes
intercambiarán regularmente, por intermedio de la Comisión, la información
pertinente sobre esfuerzo de pesca y captura por especie.
CAPITULO X
Contaminación
Art. 40. — A los efectos del
presente estatuto se entiende por contaminación la introducción directa o
indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancias o energía de las
que resulten efectos nocivos.
Art. 41. — Sin perjuicio de
las funciones asignadas a la Comisión en la materia, las partes se obligan a:
a) Proteger y preservar el
medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas
y adoptando las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios
internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y
recomendaciones de los organismos técnicos internacionales;
b) No disminuir en sus
respectivos ordenamientos jurídicos:
1. Las exigencias técnicas en
vigor para prevenir la contaminación de las aguas, y
2. La severidad de las
sanciones establecidas para los casos de infracción.
c) Informarse recíprocamente
sobre toda norma que prevean dictar con relación a la contaminación de las
aguas, con vistas a establecer normas equivalentes en sus respectivos
ordenamientos jurídicos.
Art. 42. — Cada parte será
responsable, frente a la otra, por los daños inferidos como consecuencia de la
contaminación causada por sus propias actividades o por las que en su territorio
realicen personas físicas o jurídicas.
Art. 43. — La jurisdicción de
cada parte respecto de toda infracción cometida en materia de contaminación, se
ejercerá sin perjuicio de los derechos de la otra parte a resarcirse de los
daños que haya sufrido, a su vez, como consecuencia de la misma infracción.
A esos efectos, las partes se
prestarán mutua cooperación.
CAPITULO XI
Investigación
Art. 44. — Cada parte
autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter
científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo
a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicado las
características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y
plazos en que se efectuarán.
Esta autorización sólo podrá
ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados.
La parte autorizante tiene
derecho a participar en todas las fases de esos estudios e investigaciones y a
conocer y disponer de sus resultados.
Art. 45. — Las partes
promoverán la realización de estudios conjuntos de carácter científico de
interés común.
CAPITULO XII
Competencias
Art. 46. — El derecho de
policía en el río será ejercido por cada parte dentro de su jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, la
autoridad de una parte que verifique que se está cometiendo un ilícito en la
jurisdicción de la otra, podrá apresar al infractor debiéndolo poner a
disposición de la autoridad de esta última, con las excepciones previstas en el
art. 48.
Asimismo, la autoridad de cada
parte podrá perseguir a los buques que habiendo cometido una infracción en su
propia jurisdicción, hayan ingresado en la jurisdicción de la otra parte.
En los casos previstos en los
párrafos segundo y tercero, el ejercicio del derecho de policía en jurisdicción
de la otra parte deberá ser comunicado de inmediato a ésta, y bajo ninguna
circunstancia podrá hacerse efectivo más allá de una distancia de la costa de la
misma, que será determinada por la Comisión para cada uno de los tramos.
Las partes coordinarán la
acción a que se refiere el presente artículo.
Art. 47. — Las partes
ejercerán coordinadamente la vigilancia adecuada a los fines de prevenir la
comisión de delitos e infracciones en la zona comprendida entre las líneas
definidas en los párrafos a y b, apartado II, inc. B) del art. 1º del tratado.
Art. 48. — Los buques que
naveguen por el canal principal se considerarán situados en la jurisdicción de
una u otra parte conforme a los siguientes criterios:
a) En la jurisdicción de cada
parte, los buques de su bandera.
b) En la jurisdicción de la
República Oriental del Uruguay, los buques de terceras banderas que naveguen
aguas arriba, y en la de la República Argentina, los que lo hagan aguas abajo,
sin perjuicio de lo establecido en los incs. c) y e).
c) En la jurisdicción de cada
parte, los buques de terceras banderas involucrados en siniestros con buques de
bandera de dicha parte.
d) En la jurisdicción de la
parte de la bandera del buque de mayor tonelaje cuando en un siniestro se hallen
involucrados buques de banderas de las dos partes, salvo que uno de ellos sea un
buque de guerra, en cuyo caso se considerarán en la jurisdicción de la bandera
de este último.
e) En la jurisdicción de la
parte que corresponda según el criterio del inc. b), aplicable en función del
buque de mayor tonelaje, cuando en un siniestro se hallen involucrados
exclusivamente buques de terceras banderas.
f) En los casos no previstos
la Comisión decidirá.
Este artículo no será
aplicable a los casos en que estén involucrados buques de guerra, sin perjuicio
de lo dispuesto en el inc. d).
CAPITULO XIII
Comisión Administradora
Art. 49. — Las partes crean
una Comisión Administradora del Río Uruguay, compuesta de igual número de
delegados por cada una de ellas.
Art. 50. — La Comisión gozará
de personalidad jurídica para el cumplimiento de su cometido.
Las partes le asignarán los
recursos necesarios y todos los elementos y facilidades indispensables para su
funcionamiento.
Art. 51. — La Comisión tendrá
su sede en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay pero podrá
reunirse en los territorios de ambas partes.
Art. 52. — La Comisión podrá
constituir los órganos subsidiarios que estime necesarios.
Funcionará en forma permanente
y tendrá su correspondiente secretaría.
Art. 53. — Las partes
acordarán por medio de canje de notas, el estatuto de la Comisión. Esta dictará
su reglamento interno.
Art. 54. — La Comisión
celebrará oportunamente, con ambas partes, los acuerdos conducentes a precisar
los privilegios e inmunidades de los miembros y personal de la misma,
reconocidos por la práctica internacional.
Art. 55. — Para la adopción de
las decisiones de la Comisión cada delegación tendrá su voto.
Art. 56. — La Comisión
desempeñará las siguientes funciones:
a) Dictar, entre otras, las
normas reglamentarias sobre:
1. Seguridad de la navegación
en el río y uso del canal principal;
2. Conservación y preservación
de los recursos vivos;
3. Practicaje;
4. Prevención de la
contaminación;
5. Tendido de tuberías y
cables subfluviales o aéreos.
b) Coordinar la realización
conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, especialmente los
relativos al levantamiento integral del río.
c) Establecer, cuando
corresponda, los volúmenes máximos de pesca por especies y ajustarlos
periódicamente.
d) Coordinar entre las
autoridades competentes de las partes la acción en materia de prevención y
represión de ilícitos.
e) Coordinar la adopción de
planes, manuales, terminología y sistemas de comunicación comunes en materia de
búsqueda y rescate.
f) Establecer el procedimiento
a seguir y la información a suministrar en los casos en que las unidades de una
parte, que participen en operaciones de búsqueda y rescate, ingresen al
territorio de la otra o salgan de él.
g) Determinar las formalidades
a cumplir en los casos en que deba ser introducido transitoriamente, en
territorio de la otra parte, material para la ejecución de operaciones de
búsqueda y rescate.
h) Coordinar las ayudas a la
navegación, balizamiento y dragado.
i) Establecer el régimen
jurídico-administrativo de las obras e instalaciones binacionales que se
realicen y ejercer la administración de las mismas.
j) Publicar y actualizar la
Carta Oficial del Río, con su taza de límites, en coordinación con la Comisión
creada por el protocolo.
k) Transmitir en forma
expedita, a las partes, las comunicaciones, consultas, informaciones y
notificaciones que se efectúen de conformidad con el estatuto.
l) Cumplir las otras funciones
que le han sido asignadas por el estatuto y aquellas que las partes convengan en
otorgarle por medio de canje de notas u otras formas de acuerdo.
Art. 57. — La Comisión
informará periódicamente a los gobiernos de las partes sobre el desarrollo de
sus actividades.
CAPITULO XIV
Procedimiento conciliatorio
Art. 58. — Toda controversia
que se suscitare entre las partes con relación al río será considerada por la
Comisión, a propuesta de cualquiera de ellas.
Art. 59. — Si en el término de
ciento veinte días la Comisión no lograre llegar a un acuerdo, lo notificará a
ambas partes, las que procurarán solucionar la cuestión por negociaciones
directas.
CAPITULO XV
Solución Judicial de
Controversias
Art. 60. — Toda controversia
acerca de la interpretación o aplicación del tratado y del estatuto que no
pudiere solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por
cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia.
En los casos a que se refieren
los arts. 58 y 59, cualquiera de las partes podrá someter toda controversia
sobre la interpretación o aplicación del tratado y del estatuto a la Corte
Internacional de Justicia, cuando dicha controversia no hubiere podido
solucionarse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación
aludida en el art. 59.
CAPITULO XVI
Disposiciones transitorias
Art. 61. — Lo dispuesto en el
art. 56, inc. i), se aplicará a las obras binacionales actualmente en ejecución
una vez que se encuentren concluidas y cuando así lo convengan las partes por
medio de canje de notas u otras formas de acuerdo.
Art. 62. — La Comisión se
constituirá dentro de los sesenta días siguientes al canje de los instrumentos
de ratificación del estatuto.
CAPITULO XVII
Ratificación y entrada en
vigor
Art. 63. — El presente
estatuto será ratificado de acuerdo con los procedimientos previstos en los
respectivos ordenamientos jurídicos de las partes y entrará en vigor por el
canje de instrumentos de ratificación que se realizará en la ciudad de Buenos
Aires.
Hecho en la ciudad de Salto,
República Oriental del Uruguay, a los veintiséis días del mes de febrero del año
mil novecientos setenta y cinco, en dos ejemplares originales de un mismo tenor,
igualmente válidos.
Por el gobierno de la
República Argentina: Alberto Juan Vignes, ministro de Relaciones Exteriores y
Culto.
Por el Gobierno de la
República del Uruguay: Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores.
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