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Ley
26.080
Modifícase la Ley Nº 24.937 - t.o. por Decreto Nº 816/99 y sus modificatorios.
Sancionada: Febrero 22 de 2006
Promulgada: Febrero 24 de 2006
El Senado y
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:
ARTICULO
1º
—
Sustitúyese el artículo 2º de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
2º: Composición. El Consejo estará integrado por trece miembros, de acuerdo con
la siguiente composición:
1. Tres
jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D´Hont,
debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de
primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del
interior de la República.
2. Seis
legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la
Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos
políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo
dos a la mayoría y uno a la primera minoría.
3. Dos
representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto
directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes
deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país.
4. Un
representante del Poder Ejecutivo.
5. Un
representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular
de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una
reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo
Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes.
Los
miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de
desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Por cada
miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para
reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento."
ARTICULO
2º
—
Modifícase el artículo 3º de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias — el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo
3º: Duración. Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro años en
sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. Los miembros del
Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad o
legisladores, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de
las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o
por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para
completar el mandato respectivo. A tal fin, este reemplazo no se contará como
período a los efectos de la reelección."
ARTICULO
3º
—
Sustitúyese el artículo 7º de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias — por el siguiente:
"Artículo
7º: Atribuciones del Plenario. El Consejo de la Magistratura reunido en sesión
plenaria, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Dictar
su reglamento general.
2. Dictar
los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye
la Constitución Nacional y esta ley a fin de garantizar una eficaz prestación de
la administración de justicia.
3. Tomar
conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le
remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su
consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
4. Designar
entre sus miembros a su presidente y a su vicepresidente.
5. Designar
los integrantes de cada comisión por mayoria absoluta de los miembros presentes.
6. Designar
al administrador general del Poder Judicial de la Nación, al secretario general
del Consejo y al secretario del cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a
propuesta de su presidente, así como a los titulares de los organismos
auxiliares que se crearen, y disponer su remoción por mayoría absoluta de sus
miembros.
7. Decidir
la apertura del procedimiento de remoción de magistrados —previo dictamen de la
Comisión de Disciplina y Acusación—, formular la acusación correspondiente ante
el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar después, en su caso, la suspensión del
magistrado, siempre que la misma se ejerza en forma posterior a la acusación del
imputado. A tales fines se requerirá una mayoría de dos tercios de miembros
presentes.
Esta
decisión no será susceptible de acción o recurso judicial o administrativo
alguno.
La decisión
de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de
tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el
magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la
comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración.
8. Dictar
las reglas de funcionamiento de la Secretaría General, de la Oficina de
Administración y Financiera, del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial y de los
demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
9.
Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y
oposición en los términos de la presente ley.
10. Aprobar
los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos
a magistrados.
11.
Organizar el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento,
aprobar sus programas de estudio y establecer el valor de los cursos realizados,
como antecedentes para los concursos previstos en el inciso anterior. Planificar
los cursos de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder
Judicial para la eficaz prestación de los servicios de justicia. Todo ello en
coordinación con la Comisión de Selección y Escuela Judicial.
12. Aplicar
las sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión de Disciplina y
Acusación. Las decisiones deberán adoptarse con el voto de la mayoría absoluta
de los miembros presentes. La Corte Suprema y los tribunales inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.
La decisión
de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse por un plazo mayor de tres
años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el
magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la
comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración.
13. Reponer
en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al Jurado de
Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisión del Tribunal o por
falta de resolución dentro del plazo constitucional. Dicha reposición deberá
tener lugar dentro de los cinco días siguientes de la fecha de finalización del
enjuiciamiento, o del término del plazo previsto en el artículo 115, tercer
párrafo de la Constitución Nacional.
14. Remover
a los miembros representantes de los jueces, abogados de la matrícula federal y
del ámbito académico y científico de sus cargos, por el voto de las tres cuartas
partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure
el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño o en la
comisión de un delito, durante el ejercicio de sus funciones. Los representantes
del Congreso y del Poder Ejecutivo, sólo podrán ser removidos por cada una de
las Cámaras o por el Presidente de la Nación, según corresponda, a propuesta del
pleno del Consejo de la Magistratura, previa recomendación tomada por las tres
cuartas partes de los miembros totales del cuerpo. En ninguno de estos
procedimientos, el acusado podrá votar."
ARTICULO
4º
—
Sustitúyese el artículo 8º de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
8º: Reuniones del plenario. Publicidad de los expedientes. El Consejo de la
Magistratura se reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con la
regularidad que establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su
presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de ocho de
sus miembros.
Los
expedientes que tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos,
especialmente los que se refieran a denuncias efectuadas contra magistrados.»
ARTICULO
5º
—
Modifícase el artículo 9º de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias — el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo
9º: Quórum y decisiones. El quórum para sesionar será de siete miembros y
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo cuando
por esta ley se requieran mayorías especiales."
ARTICULO
6º
—
Sustitúyese el artículo 10 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
10: Presidencia. El presidente del Consejo de la Magistratura será designado por
mayoría absoluta del total de sus miembros y ejercerá las atribuciones que
dispone esta ley y las demás que establezcan los reglamentos que dicte el
Consejo. Durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido con intervalo de
un período. El presidente tiene los mismos derechos y responsabilidades que los
restantes miembros del Consejo y cuenta con voto simple, salvo en caso de
empate, en el que tendrá doble voto."
ARTICULO
7º
—
Sustitúyese el artículo 11 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
11: Vicepresidencia. El vicepresidente será designado por mayoría absoluta del
total de sus miembros y ejercerá las funciones ejecutivas que establezcan los
reglamentos internos y sustituirá al presidente en caso de ausencia, renuncia,
impedimento o muerte. Durará un año en sus funciones y podrá ser reelegido con
intervalo de un período."
ARTICULO
8º
—
Modifícase el artículo 12 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias — el que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo
12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se
dividirá en cuatro comisiones, integradas de la siguiente manera:
1. De
Selección de Magistrados y Escuela Judicial: tres jueces, tres diputados, el
representante del Poder Ejecutivo y el representante del ámbito académico y
científico.
2. De
Disciplina y Acusación: un representante de los abogados de la matrícula
federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del ámbito
académico y científico y el representante del Poder Ejecutivo.
3. De
Administración y Financiera: dos diputados, un senador, dos jueces, un
representante de los abogados de la matrícula federal y el representante del
Poder Ejecutivo.
4. De
Reglamentación: dos jueces, un diputado, un senador, un abogado y el
representante del ámbito académico y científico.
Las
reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días de labor y
elegirá entre sus miembros un presidente que durará un año en sus funciones el
que podrá ser reelegido en una oportunidad.»
ARTICULO
9º
—
Sustitúyese el artículo 13 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias — por el siguiente:
"Artículo
13: Comisión de Selección y Escuela Judicial. Es de su competencia llamar a
concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de
magistrados judiciales, sustanciar los concursos, designar jurados, evaluar
antecedentes de aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas elevándolas al
plenario del Consejo y ejercer las demás funciones que le establecen esta ley y
el reglamento que se dicte en consecuencia.
Asimismo,
será la encargada de dirigir la Escuela Judicial a fin de atender a la formación
y el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la magistratura.
La concurrencia y aprobación de los cursos de la Escuela Judicial será
considerada como antecedente especialmente relevante en los concursos para la
designación de magistrados y en la promoción de quienes forman parte de la
carrera judicial.
A)
Concurso. La selección se hará de acuerdo con la reglamentación que apruebe el
plenario del Consejo por mayoría de sus miembros, de conformidad con las
siguientes pautas:
1. Los
postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y
antecedentes. Cuando se produzca una vacante la Comisión convocará a concurso
dando a publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado que
evaluará y calificará las pruebas de oposición de los aspirantes, poniendo en
conocimiento de los interesados que dicho concurso estará destinado a cubrir
todas las vacancias que se produzcan durante la sustanciación del concurso y
hasta la decisión del plenario, siempre y cuando se trate de la misma
competencia territorial, de materia y grado;
2.
Previamente se determinarán los criterios y mecanismos de calificación de los
exámenes y de evaluación de los antecedentes;
3. Las
bases de la prueba de oposición serán las mismas para todos los postulantes. La
prueba de oposición escrita deberá versar sobre temas directamente vinculados a
la función que se pretenda cubrir y evaluará tanto la formación teórica como la
práctica.
B)
Requisitos. Para ser postulante se requerirá ser argentino nativo o
naturalizado, poseer título de abogado, con treinta años de edad y con ocho años
de ejercicio de la profesión como mínimo, si se aspira a ser juez de cámara, o
veintiocho años de edad y seis años en el ejercicio de la profesión como mínimo,
si se aspira a ser juez de primera instancia. La nómina de aspirantes deberá
darse a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto
a la idoneidad de los candidatos.
C)
Procedimiento. El Consejo —a propuesta de la Comisión— elaborará periódicamente
listas de jurados para cada especialidad. Dichas listas deberán estar integradas
por jueces y profesores titulares, asociados y adjuntos regulares, eméritos y
consultos de derecho de las universidades nacionales, públicas o privadas y que
cumplieren además, con los requisitos exigidos para ser miembro del Consejo.
La Comisión
sorteará cuatro miembros de las listas, a efectos de que cada jurado quede
integrado por dos jueces y dos profesores de derecho. Los miembros, funcionarios
y empleados del Consejo no podrán ser jurados.
El jurado
tomará el examen y calificará las pruebas de oposición de los postulantes,
elevando las notas a la Comisión, la que calificará los antecedentes obrantes en
la sede del Consejo. De todo ello, se correrá vista a los postulantes, quienes
podrán formular impugnaciones dentro de los cinco días, debiendo la Comisión
expedirse en un plazo de treinta días hábiles.
En base a
los elementos reunidos y a la entrevista con los postulantes, la Comisión
determinará la terna y el orden de prelación que será elevado al plenario junto
con la nómina de los postulantes que participarán de la entrevista personal.
La
entrevista con el plenario será pública y tendrá por objeto evaluar su
idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática.
El plenario
podrá revisar de oficio las calificaciones de los exámenes escritos, de los
antecedentes, impugnaciones y dictámenes.
Toda
modificación a las decisiones de la Comisión deberá ser suficientemente fundada.
El plenario
deberá adoptar su decisión por mayoría de dos tercios de miembros presentes y la
misma será irrecurrible.
La duración
total del procedimiento no podrá exceder de noventa días hábiles contados a
partir de la prueba de oposición. El plazo sólo podrá prorrogarse por treinta
días hábiles más, mediante resolución fundada del plenario, en el caso de que
existieren impugnaciones.
El rechazo
por el Senado del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo
importará la convocatoria automática a un nuevo concurso para cubrir la vacante
de que se trate.
D)
Publicidad. Este requisito se entenderá cumplido con la publicación por tres
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación nacional donde se
referenciarán sucintamente los datos que se pretenden informar individualizando
los sitios en donde pueda consultarse la información in extenso, sin perjuicio
de las comunicaciones a los colegios de abogados y a las asociaciones de
magistrados. El Consejo deberá mantener actualizada la información referente a
las convocatorias, y permitir el acceso a formularios para la inscripción de los
postulantes en la página web que deberá tener a tal fin, de modo de posibilitar
a todos los aspirantes de la República conocer y acceder a la información con
antelación suficiente."
ARTICULO
10.
—
Sustitúyense los artículos 14 y 15 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y
sus modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
14: Comisión de Disciplina y Acusación. Es de su competencia proponer al
plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados como así también
proponer la acusación de éstos a los efectos de su remoción.
A)
Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por
cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, podrán
ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de hasta un treinta por
ciento de sus haberes. Constituyen faltas disciplinarias:
1. La
infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de
incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial;
2. Las
faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados;
3. El trato
incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes;
4. Los
actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad
del cargo;
5. El
incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias;
6. La
inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en
su juzgado del horario de atención al público;
7. La falta
o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones
establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
B)
Ejercicio de la potestad disciplinaria. El Consejo podrá proceder de oficio o
ante denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados,
funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo. Queda asegurada
la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de las
sentencias.
C)
Recursos. Las sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Magistratura
serán apelables en sede judicial por ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. El recurso se interpondrá y fundará por escrito ante el Consejo, dentro
de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, debiéndose
ofrecer la prueba y acompañar la documental de que intentare valerse el
recurrente. El Consejo, tomando en cuenta los argumentos del recurrente, fundará
la elevación dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha de
presentación, y lo elevará, dentro de los cinco días siguientes, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá resolver en el plazo de ciento
veinte días.
D)
Acusación. Cuando sean los tribunales superiores los que advirtieran la presunta
comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho
aplicable por parte de jueces inferiores, remitirán en forma inmediata la
denuncia o una información sumaria al Consejo de la Magistratura, a los fines
contemplados en el artículo 114, inciso 5 de la Constitución Nacional.
El Consejo
de la Magistratura deberá comunicar en forma inmediata al Poder Ejecutivo la
decisión de abrir un proceso de remoción contra un magistrado."
ARTICULO
11.
— Agrégase
como artículo 15 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus modificatorias—
el siguiente:
"Artículo
15: Comisión de Reglamentación. Es de su competencia:
a) Analizar
y emitir dictamen sobre los proyectos de reglamentos que le sean remitidos por
la presidencia del Consejo, el plenario, las otras comisiones o cualquier
integrante del Consejo;
b) Elaborar
los proyectos de reglamentos que le sean encomendados por los órganos enunciados
por el inciso precedente;
c)
Propiciar ante el plenario, mediante dictamen y a través de la presidencia, las
modificaciones que requieran las normas reglamentarias vigentes, para su
perfeccionamiento, actualización, refundición y reordenación;
d) Emitir
dictámenes a requerimiento de la presidencia, del plenario, de las otras
comisiones o de cualquiera de sus miembros, en los casos en que se planteen
conflictos de interpretación derivados de la aplicación de reglamentos."
ARTICULO
12.
—
Modifícase el artículo 16 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
16: Comisión de Administración y Financiera. Es de su competencia fiscalizar la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías,
efectuar el control de legalidad e informar periódicamente sobre ello al
plenario del Consejo."
ARTICULO
13.
—
Modifícase el artículo 21 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
21: Competencia. El juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores de la
Nación estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados según lo
prescripto por el artículo 115 de la Constitución Nacional."
ARTICULO
14.
—
Sustitúyese el artículo 22 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
22: Integración. Incompatibilidades e inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento
estará integrado por siete miembros de acuerdo a la siguiente composición:
1.- Dos
jueces que serán: de cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del
interior de la República y otro a la Capital Federal. A tal efecto, se
confeccionarán dos listas, una con todos los camaristas federales del interior
del país y otra con los de la Capital Federal.
2.- Cuatro
legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados de
la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los representantes
de la mayoría y la otra con los de la primera minoría.
3.- Un
abogado de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos los
abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y
en las Cámaras Federales del interior del país que reúnan los requisitos para
ser elegidos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Todos los
miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los meses
de diciembre y julio de cada año, entre las listas de representantes de cada
estamento. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual
procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia,
remoción o fallecimiento.
Los
miembros del Jurado de Enjuiciamiento estarán sujetos a las incompatibilidades e
inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. El miembro elegido en
representación de los abogados estará sujeto a las mismas inmunidades e
incompatibilidades que rigen para los jueces."
ARTICULO
15.
—
Sustitúyese el artículo 23 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
23: Constitución y carácter del desempeño. Duración. Elección de autoridades. El
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados entrará en funciones ante la
convocatoria del plenario del Consejo de la Magistratura y designará entre sus
miembros a su presidente. La calidad de miembro del jurado no será incompatible
con el ejercicio del cargo o profesión en virtud del cual fue nombrado.
Durarán en
sus cargos mientras se encuentren en trámite los juzgamientos de los magistrados
que les hayan sido encomendados y sólo con relación a éstos. Los miembros
elegidos por su calidad institucional de jueces, legisladores o por su condición
de abogados inscriptos en la matrícula federal, cesarán en sus cargos si se
alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados, debiendo
ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen
los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.
El
desempeño de las funciones será considerado una carga pública. Ninguna persona
podrá integrar el Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados en más de una
oportunidad. Los jueces de cámara y los legisladores no podrán ser nuevamente
miembros de este cuerpo, hasta tanto lo hayan integrado el resto de sus pares,
en los términos previstos en el artículo 22 de esta ley."
ARTICULO
16.
—
Sustitúyese el artículo 24 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
24: Remoción. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, representantes de los
jueces y de los abogados de la matrícula federal podrán ser removidos de sus
cargos por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del
cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado,
cuando incurrieran en mal desempeño o en la comisión de un delito, durante el
ejercicio de sus funciones.
Los
representantes del Congreso, sólo podrán ser removidos por cada una de las
Cámaras, según corresponda, a propuesta del Jurado, previa recomendación tomada
por las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo. En ninguno de
estos procedimientos, el acusado podrá votar."
ARTICULO
17.
—
Incorpórase como segundo párrafo del artículo 25 de la Ley 24.937 —t.o. por
Decreto 816/99 y sus modificatorias— el siguiente:
"Causales
de remoción. Se considerarán causales de remoción de los jueces de los
tribunales inferiores de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 53 de la Constitución Nacional, el mal desempeño, la comisión de delito
en el ejercicio de sus funciones y los crímenes comunes. Entre otras, se
considerarán causales de mal desempeño las siguientes:
1. El
desconocimiento inexcusable del derecho.
2. El
incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o
reglamentarias.
3. La
negligencia grave en el ejercicio del cargo.
4. La
realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus
funciones.
5. Los
graves desórdenes de conducta personales.
6. El
abandono de sus funciones.
7. La
aplicación reiterada de sanciones disciplinarias.
8. La
incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. En este caso,
no se producirá la pérdida de beneficios previsionales establecida en el
artículo 29 de la Ley 24.018."
ARTICULO
18.
—
Sustitúyese el artículo 26 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
26: Sustanciación. El procedimiento para la acusación y para el juicio será
regulado por las siguientes disposiciones:
1. Los
miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán excusarse y podrán ser recusados
por las causales previstas en el Código Procesal Penal de la Nación. La
recusación será resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por el voto de la
mayoría de sus miembros y será irrecurrible.
2. El
procedimiento se iniciará con la presentación de la acusación formulada por el
plenario del Consejo de la Magistratura, previo dictamen de la Comisión de
Disciplina y Acusación, de la que se le correrá traslado al magistrado acusado
por el término de diez días.
3.
Contestado el traslado se abrirá la causa a prueba por el término de treinta
días, plazo que podrá ser prorrogado por un plazo no superior a quince días, por
disposición de la mayoría del jurado, ante petición expresa y fundada.
4. Ambas
partes podrán ofrecer todos los medios de prueba que contempla el Código
Procesal Penal de la Nación, bajo las condiciones y límites allí establecidos,
pudiendo ser desestimadas —por resoluciones fundadas— aquellas que se consideren
inconducentes o meramente dilatorias.
5. Todas
las audiencias serán orales y públicas y sólo podrán ser interrumpidas o
suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran
necesario.
6.
Concluida la producción de la prueba o vencido el plazo respectivo, el
representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado o su
representante, producirán en forma oral el informe final en el plazo que al
efecto se les fije, el que no podrá exceder de treinta días. En primer lugar lo
hará el representante del Consejo de la Magistratura e inmediatamente después lo
hará el acusado o su representante.
7.
Producidos ambos informes finales, el Jurado de Enjuiciamiento se reunirá para
deliberar debiendo resolver en un plazo no superior a veinte días.
8. Se
aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal de la
Nación, en tanto no contradigan las disposiciones de la presente o los
reglamentos que se dicten."
ARTICULO
19.
—
Sustitúyese el artículo 28 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
28: Incompatibilidades. Licencias. La calidad de miembro del Consejo de la
Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento no será incompatible con el
ejercicio del cargo en virtud del cual fueron electos los magistrados. Los
abogados deberán suspender su matrícula federal por el tiempo que dure el
desempeño efectivo de sus cargos. No podrán ejercerse simultáneamente los cargos
de los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
Los jueces
podrán solicitar licencia en sus cargos durante el período en el cual deban
desempeñar funciones en el Consejo de la Magistratura o en el Jurado de
Enjuiciamiento, cuando existan motivos fundados que les impidieren ejercer ambas
tareas simultáneamente."
ARTICULO
20.
—
Modifícase el artículo 29 de la Ley 24.937 —t.o. por Decreto 816/99 y sus
modificatorias— por el siguiente:
"Artículo
29: Carácter de los servicios. El desempeño de los miembros magistrados y
legisladores del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será
honorario, debiendo percibir las remuneraciones que les correspondan por sus
respectivos cargos. Los demás miembros, cualesquiera sea su representación,
percibirán una compensación equivalente a la remuneración de un juez de la
Cámara Nacional de Casación Penal. En el caso del Jurado de Enjuiciamiento, la
percibirán desde la plena y efectiva constitución del jurado. Se entiende por
plena y efectiva constitución del jurado su puesta en funcionamiento para el
juzgamiento de un caso en concreto hasta el dictado de la sentencia o, en su
caso, de la aclaratoria.
ARTICULO
21.
—
Reglamentación: El Consejo de la Magistratura deberá reglamentar las
disposiciones previstas en esta ley en un plazo de sesenta días desde su
promulgación.
ARTICULO
22.
—
Disposición transitoria primera: La nueva forma de integración del Consejo de la
Magistratura prevista en el artículo 1º regirá para las designaciones que se
realicen a partir del 16 de noviembre del año 2006.
ARTICULO
23.
—
Disposición transitoria segunda: La nueva forma de integración del Jurado de
Enjuiciamiento prevista en el artículo 14 regirá para las designaciones que se
realicen a partir del 1º de marzo del año 2007. Los miembros que a dicha fecha
se encuentren abocados al juzgamiento de un magistrado, continuarán en funciones
exclusivamente para la conclusión del procedimiento de que se trate, salvo lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de esta ley.
ARTICULO
24.
—
Disposición transitoria tercera: El plazo de tres años para el tratamiento de
los pedidos de sanciones disciplinarias y remociones de magistrados, se aplicará
a las denuncias presentadas a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
ARTICULO
25.
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Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA
SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS.
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