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Caso Barcelona Traction
(Sintesis)
Barcelona Traction era una empresa canadiense con Sede en Barcelona, con la
mayoría de los empleados de nacionalidad belga. La empresa se declaró en
quiebra. Solicitando Bélgica la reparación por el daño sufrido a los empleados
belgas ante el CIJ.
El daño fue causado por del Estado Español, pero por la protección diplomática
de sus nacionales. En el asunto la CIJ decidió que Bélgica no tiene ius standi
por recurrir los hechos que implora.
En la sentencia en el asunto de la
Barcelona Traction (1968) la CIJ afirmaba que <<debe hacerse una distinción
esencial entre las obligaciones de un Estado respecto de la comunidad
internacional en su conjunto y las obligaciones respecto de otro Estado en el
ámbito de la protección diplomática. Por su propia naturaleza, las primeras
obligaciones mencionadas conciernen a todos los Estados. Habida cuenta de la
importancia de los derechos en cuestión, cabe considerar que todos los Estados
tienen un interés legitimo en su protección; se trata de obligaciones erga
omnes>>
Como afirmara la CIJ en el asunto
de la Barcelona Traction (1970), <<el Tribunal observa que, en los limites
establecidos por el Derecho internacional, un Estado puede ejercitar la
protección diplomática por los medios y en la medida en que le parezca
necesario, pies es su propio derecho lo que el estado hace valer. Si las
personas físicas o morales en cuyo nombre actúa consideran que sus derechos no
están suficientemente protegidos, no tienen recurso de conformidad con el
Derecho internacional. Con vistas a defender su causa y de obtener reparación,
sólo pueden recurrir al Derecho interno, si éste les ofrece medios. El
legislador interno puede imponer al Estado la obligación de proteger a sus
nacionales en el extranjero. Puede igualmente conceder a sus nacionales el
derecho de exigir que esta obligación sea respetada y revestir ese derecho con
las correspondientes sanciones. Sin embargo, todas estas cuestiones pertenecen
al ámbito del derecho interno y no modifican la situación sobre el plano
internacional.>>
La corte considera que la adopción de
la tesis de la protección diplomática de los accionistas como tales, al abrir la
vía a reclamaciones diplomáticas concurrentes, podría crear un clima de
confusión y de inseguridad en las relaciones económicas internacionales. El
peligro seria tanto mayor cuanto que las acciones de las sociedades con
actividad internacional se encuentran muy diseminadas y con frecuencia cambian
de manos. Tal vez cabria alegar que, si el derecho de protección correspondiente
a los Estados nacionales de los accionistas no fuera considerado sino como
subsidiario en relación con el Estado nacional de la sociedad, el peligro de
inconvientes de la naturaleza indicada seria menor. Sin embargo, la Corte debe
hacer constar que la esencia de un derecho subsidiario es el no nacer sino en el
momento en que cesa de existir el derecho originario. Toda vez que el derecho de
protección correspondiente al Estado nacional de la sociedad no puede ser
considerado como extinguido por el hecho de no haber sido ejercido, no es
posible admitir que en caso de no ejercicio los Estados nacionales de los
accionistas tendrían un derecho de protección subsidiario en relación con el
derecho del Estado nacional de la sociedad.>
<<Los instrumentos que consagran los
derechos humanos no reconocen legitimación a los Estados para proteger a las
victimas de la violación de esos derechos independiente de su nacionalidad.>>
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