Reforma Constitucional del año 1949. Texto de la reforma constitucional
sancionada por la Comisión Constituyente (11 de marzo de 1949)
Anexo del diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente (11 de
marzo de 1949)
Artículo 1
Suprímense de la Constitución Nacional vigente, los Artículos: 38, 39, 41, 44,
inciso 24 del Artículo 67, 82, 83, 84, 85, 90, 93 y 102.
Artículo 2
Agréganse al texto constitucional los Artículos e incisos siguientes, con el
número que les correspondo en el ordenamiento establecido en el Artículo 59:
Artículo 15.- El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad.
Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del
pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las
prescripciones de la ley.
El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera
que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades
individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias al sistema
democrático en que ésta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las
organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de
los poderes del Estado.
Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones
similares que no sean las del Estado, así como el uso público de uniformes,
símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines prohíbe esta Constitución o
las leyes de la Nación.
Artículo 37.- Decláranse los siguientes derechos especiales:
I. Del trabajador.
1. Derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las
necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa
de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad
general; de ahí que el derecho de trabajar, debe ser protegido por la sociedad,
considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la
necesite.
2. Derecho a una retribución justa. Siendo la riqueza, la renta y el interés del
capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y
reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al
trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades
vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.
3. Derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la
preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la
elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las
inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e
incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios
para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el
derecho a aprender y perfeccionarse.
4. Derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser
humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto
recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho
de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su
actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de
los preceptos que las instituyen y reglamentan.
5. El derecho a la preservación de la salud. El cuidado de la salud física y
moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la
sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los
requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades
normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el
reposo.
6. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya
expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda,
indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus
necesidades y las de sus familias en forma que les permita, trabajar con
satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de
expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el
nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el
desenvolvimiento económico.
7. Derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados
en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el
trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su
cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua
obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias
o ineptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de
infortunios provenientes de riesgos eventuales.
8. Derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a
un natural designio del individuo, desde que en ella generan sus más elevados
sentimientos afectivos y todo empeño tendente a su bienestar debe ser estimulado
y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado de propender al
mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y
morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
9. Derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de
superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento
económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los
individuos tendentes a ese fin, y estimular la formación y utilización de
capitales, en cuanto constituyan elementos activos de la producción y
contribuyan a la prosperidad general.
10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de
agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendentes a
la defensa, de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales
de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su
libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.
II. De la familia.
La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de
preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo
que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.
1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los
cónyuges y la patria potestad;
2. El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una
ley especial establezca;
3. El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial
determine;
4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozaran de la especial y
privilegiada consideración del Estado.
III. De la ancianidad.
1. Derecho a la asistencia. Todo anciano tiene derecho a su protección integral,
por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado
proveer a dicha protección ya sea en forma directa o por intermedio de los
institutos y fundaciones creadas, o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de
la subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares
remisos y solventes los aportes correspondientes.
2. Derecho a la vivienda. El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de
comodidades hogareñas, es inherente a la condición humana.
3. Derecho a la alimentación. La alimentación sana, y adecuada a la edad y
estado físico de cada uno, debe ser contemplado en forma particular.
4. Derecho al vestido. El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el
derecho anterior.
5. Derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física de los
ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.
6. Derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de
las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7. Derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de
gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar
con satisfacción sus horas de espera.
8. Derecho al trabajo. Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación
por medio de la laborterapia productiva, ha de ser facilitada. Se evitará así la
disminución de la personalidad.
9. Derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y
preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano.
10. Derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración
de sus semejantes.
IV. De la educación y la cultura.
La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos
particulares y ofíciales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan
las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza,
secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias.
1. La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al
perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, a
su capacitación profesional, así como a la formación del carácter y del cultivo
integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas.
2. La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las
escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a
inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlos hacia la
capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las
tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos
necesarios para preparar un magisterio especializado.
3. La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de
la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y
fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades
para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la
adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad.
4. El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior,
que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los
fines espirituales Y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de
las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad.
Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los
límites establecidos, por una ley especial que reglamentará su organización y
funcionamiento.
Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de
cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada
una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya
enseñanza le incumbe, tendera a profundizar el estudio de la literatura,
historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las
artes técnicas y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotación de las
riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.
Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los
estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito
de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual,
económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica deja
República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que
debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados
en esta Constitución.
5. El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas
artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes sociales de
los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las academias la docencia de la
cultura y de las investigaciones científicas postuniversitarias, para cuya
función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de los
límites establecidos por una ley especial que las reglamente.
6. Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos
grados de instrucción. El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante
becas, asignaciones a las familias y otras providencias que se conferirán por
concurso entre los alumnos de todas las escuelas.
7. Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural, cualquiera
que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y
estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones
necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los
tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e
histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación.
Artículo 39.- El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener
como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no
pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.
Artículo 40.- La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el
bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de
la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía
y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales
y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentalos asegurados en
esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del
Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley,
toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada,
siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados
nacionales, eliminar la competencia o aumentan usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de
gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales,
son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la
correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las
provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún
concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se
hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra
o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos
será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las
sumas que se hubieron amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento
de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán
considerados, también como reintegración del capital invertido.
Artículo 68.-
28. Sancionar el régimen impositivo del distrito federal y fijar por un año o
por períodos superiores, hasta un máximo de tres años, a propuesta del
Presidente de la República, el presupuesto de gastos de su administración;
29. Dictar la ley para la elección de presidente, vicepresidente, senadores y
diputados.
Artículo 83.-
23. Proveer lo conducente al ordenamiento y régimen de los servicios públicos a
que se refiere el inciso 13.º del Artículo 68.
3. Artículo 3
Modifícanse de la siguiente forma el Preámbulo y los Artículos de la
Constitución Nacional que se transcriben a continuación:
3.1. Preámbulo
Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen,
en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los
beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; ratificando la
irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de
toda razón y justicia ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución
para la Nación Argentina.
Artículo 4.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos
del Tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y
exportación, de la propia actividad económica que realice, servicios que preste
y enajenación o locación de bienes de dominio del Estado nacional; de las demás
contribuciones que imponga el Congreso Nacional, y de los empréstitos y
operaciones de crédito que sancione el mismo Congreso para urgencias de la
Nación o para empresa de utilidad pública.
Artículo 5.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y
garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de
justicia, su régimen municipal, la educación primaria, y la cooperación
requerida por el gobierno federal a fin de hacer cumplir esta Constitución y las
leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten. Con estas condiciones el
Gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones.
Artículo 11.- Los Artículos de producción o fabricación nacional o extranjera,
así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia a
otra, estarán libres de los derechos, llamados de tránsito, estándolo también
los vehículos, ferrocarriles, aeronaves, buques o bestias en que se transporten,
y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su
denominación, por el hecho de transitar por el territorio.
Artículo 12.- Los buques o aeronaves destinados de una provincia a otra no serán
obligados a entrar, anclar, descender, amarrar ni pagar derechos por causa de
tránsito.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y
ejercer toda industria útil y lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a
las autoridades; de reunirse; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender.
Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos. Los que de cualquier modo
se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la
República.
Artículo 16.- La Nación Argentina no admite diferencias raciales, prerrogativas
de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad. La equidad y la proporcionalidad
son las bases de los impuestos y de las cargas públicas.
Artículo 17.- La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia,
estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien
común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e
intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés
de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega, la posibilidad
de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por
causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se
expresan en el Artículo 4. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su
obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La
confiscación de bienes queda, abolida para siempre de la legislación argentina.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna
especie en tiempo de paz.
Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones
especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la
causa. Siempre se aplicará, y aun con efecto retroactivo, la ley penal
permanente más favorable al imputado. Los militares y las personas que les están
asimiladas estarán sometidos a la jurisdicción militar en los casos que
establezca la ley. El mismo fuero será aplicable a las personas que incurran en
delitos penados por el Código de Justicia Militar y sometidos por la propia ley
a los tribunales castrenses. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo; ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y
una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación. Los jueces no podrán ampliar por analogía las
incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del
imputado. En caso de duda, deberá estarse siempre a lo más favorable al
procesado. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas,
toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles serán sanas y limpias, y
adecuadas para la reeducación social de los detenidos en ellas; y toda medida
que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos más allá, de lo que la
seguridad exija, hará responsable al juez o funcionario que la autorice.
Todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus parientes o
amigos, recurso de Hábeas Corpus ante la autoridad judicial competente, para que
se investiguen la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a
la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer al recurrente, y,
comprobada en forma sumaria la violación, hará cesar inmediatamente la
restricción o la amenaza.
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de
sentencia fundada en ley.
Artículo 20.- Los extranjeros que entren en el país sin violar las leyes, gozan
de todos los derechos civiles de los argentinos, como también de los derechos
políticos, después de cinco años de haber obtenido la nacionalidad. A su pedido
podrán naturalizarse si han residido dos años continuos en el territorio de la
Nación, y adquirirán automáticamente la nacionalidad transcurridos cinco años
continuados de residencia, salvo expresa manifestación en contrario.
La ley establecerá las causas, formalidades y condiciones para el otorgamiento
de la nacionalidad y para su privación, así como para expulsar del país a los
extranjeros.
Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la
Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el
Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.
Nadie puede ejercer empleos y funciones públicas, civiles y militares, si
previamente no jura ser fiel a la Patria y acatar esta Constitución.
Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior, que ponga en
peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella,
se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la
perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales.
Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por
sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas,
a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de ba Nación, si ellas no
prefiriesen salir del territorio argentino. Podrá declararse asimismo el estado
de prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenace
perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales
de la población. Una ley determinará los efectos jurídicos de tal medida, pero
ésta no suspenderá, sino que limitará transitoriamente las garantías
constitucionales en la medida que sea indispensable. Con referencia a las
personas, los poderes del presidente se reducirán a detenerlas o trasladarlas de
un punto a otro del territorio, por un término no mayor de treinta días.
Artículo 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos
sus ramos, con el fin de adaptarla a esta Constitución.
Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para
todas las banderas, en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, la
seguridad común o el bien general del Estado y con sujeción a los reglamentos
que dicte la autoridad nacional.
Artículo 28.- Los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco
amparan a ningún habitante de la Nación, en perjuicio, detrimento o menoscabo de
otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a
cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que
serán castigados por las leyes.
Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus
partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el
voto de dos terceras partes de sus miembros presentes; pero no se efectuará sino
por una convención convocada al efecto.
Una, ley especial establecerá las sanciones para quienes, de cualquier manera,
preconizaren o difundieren métodos o sistemas mediante los cuales, por el empleo
de la violencia, se propongan suprimir o cambiar la Constitución o alguno de sus
principios básicos, y a quienes organizaren, constituyeren, dirigieren o
formaren parte de una asociación o entidad que tenga como objeto visible u
oculto alcanzar alguna de dichas finalidades.
Artículo 34.- Los jueces de los tribunales federales no podrán serlo al mismo
tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil
como en lo militar, da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea
la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto a los efectos de
optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentre.
Artículo 37.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos
directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital que se consideran a
este fin como distritos electorales de un solo Estado, y a simple pluralidad de
sufragios. El número de representantes será de uno por cada cien mil habitantes,
o fracción que no baje de cincuenta mil. Después de la realización del censo
general, que se efectuará cada diez arios, el Congreso fijará la representación
con arreglo a aquél, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para
cada diputado. La representación por distrito no será inferior a dos.
Artículo 40.- Para ser elegido diputado se requiere haber cumplido la edad de
veinticinco años, tener cuatro de ciudadanía en ejercicio los argentinos nativos
y diez los naturalizados, y ser nativo de la provincia que lo elija o con dos
años de residencia inmediata en ella.
Artículo 42.- Los diputados durarán en su representación seis años, y son
reelegibles; pero la sala se renovará por mitad cada tres años. Para ese efecto,
los nombrados para la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los
que deban cesar en el primer período.
Artículo 45.- Sólo la Camara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el
Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros y a los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en las causas de responsabilidad que se
intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus
funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido en ellos y
declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes
de sus miembros presentes.
Artículo 46.- El Senado se compondrá de dos senadores por cada provincia y dos
por la Capital, elegidos directamente por el pueblo. Cada senador tendrá un
voto.
Artículo 47.- Son requisitos para ser elegido senador: ser argentino nativo,
tener la edad de treinta años, y diez años de ciudadanía en ejercicio, y ser
natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata en
ella.
Artículo 48.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son
reelegibles; pero el Senado se renovará por mitad cada tres años, decidiéndose
por la suerte quiénes deben cesar en el primer trienio.
Artículo 55.- Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años
desde el 1.º de mayo hasta el 30 de septiembre. El presidente de la Nación puede
prorrogar las sesiones ordinarias y convocar a extraordinarias. En las sesiones
extraordinarias no se tratarán sino los asuntos determinados en la convocatoria.
Durante el receso de las Cámaras Legislativas, el presidente de la Nación podrá
convocar a la Senadores, al solo objeto de los acuerdos necesarios para los
nombramientos que requieren tal requisito con arreglo a esta Constitución.
Artículo 58.- Cada Cámara hará su reglamento, y podrá, con dos tercios de votos
de los presentes, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta
en el ejercicio de sus funciones, o, removerlo por inhabilidad física o moral
sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la
mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que
voluntariamente hicieren de sus cargos.
Artículo 62.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias
contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio
público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos de los presentes, suspender
en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su
juzgamiento.
Artículo 63.- Cada una de las Cámaras puede solicitar al Poder Ejecutivo los
informes que estime conveniente respecto a las cuestiones de competencia de
dichas Cámaras. El Poder Ejecutivo podrá optar entre contestar el informe por
escrito, hacerlo personalmente su titular, o enviar a uno de sus ministros para
que informe verbalmente.
Artículo 65.- Los gobernadores de provincia no pueden ser miembros del Congreso.
Artículo 67.-
1. Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de
importación y exportación;
2. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado en todo el territorio
de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado
lo exijan;
3. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación;
5. Crear y suprimir bancos oficiales y legislar sobre el régimen bancario,
crédito y emisión de billetes en todo el territorio de la Nación. En ningún caso
los organismos correspondientes podrán ser entidades mixtas o particulares;
7. Fijar por un año, o por períodos superiores hasta un máximo de tres años, a
propuesta del Poder Ejecutivo, el presupuesto de gastos de administración de la
Nación, y aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión;
9. Reglamentar la navegación de los ríos, habilitar los puertos que considere
conveniente, y crear y suprimir aduanas;
10. Adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Nación;
11. Dictar los códigos Civil, de Comercio, Penal, de Minería, Aeronáutico,
Sanitario y de Derecho Social, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones
locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones; y especialmente leyes generales para, toda la Nación sobre
naturalización y ciudadanía, con arreglo al principio de la nacionalidad
natural; así como sobre bancarrotas, falsificación de la moneda corriente y
documentos públicos del Estado;
12. Reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre
sí;
13. Ejercitar una legislación exclusiva sobre los servicios públicos de
propiedad de la Nación, o explotados por los órganos industriales del Estado
nacional, o que liguen la Capital Federal o un territorio federal con una
provincia, o dos provincias entre sí, o un punto cualquiera del territorio de la
Nación con un Estado extranjero;
14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los
de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial
la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios
nacionales que queden fuera de los límites que se asignan a las provincias, y
establecer el régimen de las aguas de los ríos interprovinciales y sus
afluentes;
15. Proveer a la seguridad de las fronteras;
16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, a la higiene, moralidad,
salud pública y asistencia social, al adelanto y bienestar de todas las
provincias y al progreso de la ciencia, organizando la instrucción general y
universitaria; promover la industria, la inmigración, la construcción de
ferrocarriles y canales navegables y el establecimiento de otros medios de
transporte aéreo y terrestre; la colonización de tierras de propiedad nacional y
de las provenientes de la extinción de latifundios, procurando el desarrollo de
la pequeña propiedad agrícola en explotación y la creación de nuevos centros
poblados con las tierras, aguas y servicios públicos que sean necesarios para
asegurar la salud y el bienestar social de sus habitantes, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y
la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y
por concesiones temporales de franquicias, y recompensas de estímulo;
18. Admitir o desechar, reunidas ambas Cámaras en Asamblea, los motivos de
dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de
proceder a una, nueva elección;
22. Autorizar represalias y establecer reglamentos para las presas;
23. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra; establecer
reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichas fuerzas; y dictar leyes
especiales sobre expropiaciones y requisiciones en tiempo de guerra;
25. Permitir la introducción de fuerzas extranjeras en el territorio de la
Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él, excepto cuando tengan
como propósito razones de cortesía internacional. En este caso bastará la
autorización del Poder Ejecutivo.
27. Ejercer una legislación exclusiva sobre todo el territorio de la Capital de
la Nación y en los demás lugares adquiridos por compra o cesión, en cualquiera
de las provincias, para establecer fortalezas, arsenales, aeródromos, almacenes
u otros establecimientos de servicios públicos o de utilidad nacional.
Artículo 68.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del
Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo.
Artículo 70.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no
devuelto en el término de 20 días hábiles.
Artículo 71.- Ningún proyecto de ley, desechado totalmente por una de las
Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese
adicionado o corregido por la Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si
en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta de los
miembros presentes, pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o
correcciones fueren rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara
revisora, y si aquí fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos
terceras partes de sus miembros presentes, pasará el proyecto a la otra Camara,
y no se entenderá que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones sí no
concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Artículo 72.- Desechado totalmente un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve
con sus objeciones a la Cámara de origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo
confirma por mayoría de dos tercios de votos de los presentes, pasa otra vez a
la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el
proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Si el proyecto es desechado sólo en parte por el Poder Ejecutivo, vuelve
únicamente la parte desechada con sus objeciones, procediéndose en igual forma
que cuando el veto es total.
Las votaciones de ambas Cámaras serán en uno y otro caso nominales, por sí o por
no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, cuanto las objeciones
del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras
difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de
aquel año.
Artículo 73.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y
Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con
fuerza de ley.
Artículo 75.- En caso de enfermedad, ausencia del país, muerte, renuncia o
destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el
vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o
inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso
determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que
haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea elegido.
Artículo 76.- Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se
requiere haber nacido en el territorio argentino, pertenecer a la comunión
Católica Apostólica Romana, y las demás calidades exigidas para ser senador.
Artículo 77.- El presidente y el vicepresidente duran en sus cargos seis años; y
pueden ser reelegidos.
Artículo 79.- El presidente y el vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado
por el Tesoro de la Nación. Durante el mismo período no podrán ejercer otro
empleo, ni percibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna.
Artículo 80.- Al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente
prestarán juramento en manos del presidente del Senado, estando reunido el
Congreso, en los términos siguientes:
«Yo, N. N., juro por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios desempeñar con
lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación, y
observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si
así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden».
Artículo 81.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos
directamente por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios, formando con este
fin las provincias, Capital Federal y territorios nacionales un distrito único.
La elección deberá efectuarse tres meses antes de terminar el período del
presidente en ejercicio. El escrutinio se realizará por el o los organismos que
establezca la ley.
Artículo 86.-
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución
de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias, y ejerce la policía de los ríos interprovinciales para asegurar
lo dispuesto en el Artículo 67, inciso 14;
3. Es el jefe inmediato y local de la Capital de la Nación, pudiendo delegar
estas funciones en la forma que determínenlos reglamentos administrativos;
4. Participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución y las
promulga;
5. Nombra los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales
inferiores de la Nación, con acuerdo del Senado;
10. Nombra y remueve los embajadores y ministros plenipotenciarios con acuerdo
del Senado; y por sí solo nombra y remueve los ministros del despacho, los
oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás empleados de la
administración cuyo nombramiento no esta reglado de otra manera por esta
Constitución;
11. Convoca e inaugura las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas
Cámaras, para el 1.º de mayo de cada año, da cuenta en esta ocasión al Congreso
del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y
recomienda a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes;
12.Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones
extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera, y
convoca al Senado en el caso del Artículo 55;
13. Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo a
la ley o presupuesto de gastos nacionales; hace sellar moneda, fija su valor y
el de las extranjeras;
14. Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza, de
límites y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas para el
mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras, recibe sus
representantes y admite sus cónsules;
15. Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación;
16. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la
concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas
armadas; y por sí solo, en el campo de batalla;
17. Dispone de las fuerzas armadas y corre con su organización y distribución,
según las necesidades de la Nación;
18. Declara la guerra y concede cartas de represalia, con autorización y
aprobación del Congreso;
19. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de
ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de
conmoción interior, sólo t lene esta facultad cuando el Congreso está en receso,
porque es atribución que corresponde a este cuerpo. Declara también el estado de
prevención y alarma en uno o varios puntos del país en caso de alteración del
orden público que amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las
actividades primordiales de la población, por un término limitado y da cuenta al
Congreso. El presidente ejerce estas atribuciones dentro de los límites
prescritos por el Artículo 33;
No puede ausentarse del territorio de la Nación, sino con permiso del Congreso.
En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves objetos de
servicio publico;
22. El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que
requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de
nombramientos en comisión, que deberán ser considerados en la legislatura
inmediata.
Artículo 87.- El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de
ministros secretarios de Estado, quienes refrendarán y legalizarán lbs actos del
presidente de la Nación por medio de su firma, sin la cual carecen de eficacia.
Por una ley de la Nación, y a propuesta del Poder Ejecutivo, se determinará la
denominación y los ramos de los ministerios, así como la coordinación de los
respectivos despachos.
Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado, y
ser argentino nativo. Los ministros estarán amparados por las inmunidades que
otorgan a los miembros del Congreso los Artículos 60 y 61 de la Constitución.
Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley.
Artículo 89.- Los ministros no pueden por si solos, en ningún caso, tomar
resoluciones, a excepción en lo concerniente al régimen económico y
administrativo de sus respectivos departamentos.
Anualmente presentarán al presidente de la Nación la memoria detallada del
estado de los negocios de sus respectivos departamentos.
Artículo 92.- El presidente de la Nación y sus ministros tienen la facultad de
concurrir a las sesiones conjuntas o separadas de las Cámaras de Senadores y de
Díputados, informar ante ellas y tomar parte en los debates, sin voto.
Artículo 96.- Los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales
inferiores de la Nación son inamovibles, y conservarán sus empleos mientras dure
su buena conducta. Recibirán por sus servicios una compensación que determinará
la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanezcan en
sus funciones. Los jueces de los tribunales inferiores serán juzgados y
removidos en la forma que determine una ley especial, con sujeción a
enjuiciamiento por los propios miembros del Poder Judicial.
Artículo 97.- Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser
argentino nativo, abogado graduado en universidad nacional, con diez años de
ejercicio y treinta años de edad.
Artículo 98.- Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al tomar posesión de
sus cargos, prestarán juramento ante el presidente de ésta de desempeñar sus
obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y de conformidad con lo
que prescribe la Constitución.
Artículo 99.- La Corte Suprema de Justicia dictará su reglamento interno y
económico, y nombrará sus empleados. Ejercerá superintendencia sobre los jueces
y tribunales que integran la justicia de la Nación.
En la Capital de la República todos los tribunales tienen el mismo carácter
nacional.
Artículo 100.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales
inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la Constitución; por las leyes de la Nación, con
la reserva hecha en el inciso 11 del Artículo 67, por los tratados con las
naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros
plenipotenciarios y cónsules extranjeros; de las de almirantazgo y jurisdicción
marítima y aeronáutica; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas
que se substancien en la Capital Federal y en los lugares regidos por la
legislación del Congreso; de las que se susciten entro dos o más provincias;
entre una provincia y los vecinos de otra; y entre la Nación o una provincia o
sus vecinos con un Estado extranjero.
La Corte Suprema de Justicia conocerá, como Tribunal de Casación, en la
interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere el inciso 11 del
Artículo 67.
La interpretación que la Corte Suprema de Justicia haga de los Artículos de la
Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recurso de
casación, será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales
y provinciales.
Una ley reglamentará el procedimiento para los recursos extraordinario y de
casación, y para obtener la revisión de la jurisprudencia.
Artículo 101.- La Corte Suprema de Justicia conocerá originaria y exclusivamente
en las causas que se susciten entre la Nación o una provincia o sus vecinos con
un Estado extranjero; en las causas concernientes a embajadores, ministros
plenipotenciarios o cónsules extranjeros y asimismo originaria y exclusivamente
en las causas entre la Nación y una o más provincias, o de éstas entre sí.
Artículo 108.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No
pueden celebrar tratados parciales de carácter político ni expedir leyes sobre
comercio o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales;
ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin
autorización del Congreso federal; ni dictar los códigos a que se refiere el
Artículo 67, inciso 11, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar
especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas,
falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de
tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo en el caso de
invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, de lo
que dará cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros;
ni admitir nuevas órdenes religiosas.
4. Artículo 4
Adóptanse las siguientes disposiciones transitorias:
1. Hasta tanto el Congreso sancione la ley orgánica de los ministerios, el
despacho de los negocios de la Nación estará a, cargo de los siguientes
departamentos: Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Ejército; Marina;
Aeronáutica; Economía; Hacienda; Finanzas; Obras Públicas; Agricultura;
Industria y Comercio, Trabajo y Previsión; Transportes, Interior: Justicia;
Educación; Salud Pública: Comunicaciones; Asuntos Políticos; Asuntos Técnicos.
2. Esta Constitución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación
en el Diario de Sesiones.
3. El presidente de la Nación jurara ante la Convención Nacional Constituyente
cumplir y hacer cumplir esta Constitución.
Los presidentes de las cámaras legislativas jurarán esta Constitución ante los
cuerpos respectivos en la primera sesión preparatoria del período legislativo
siguiente a la sanción de aquélla; y los miembros de cada cuerpo, ante su
presidente.
El juramento que prescribe el Artículo 21 de la Constitución, deberá ser
prestado por todo ciudadano que se halle actualmente en el ejercicio de una
función pública.
La falta de cumplimiento del juramento a que se refiere el presente Artículo,
hará cesar inmediatamente a aquel que se negare a hacerlo en el desempeño de su
mandato, función o empleo.
4. Durante el primer período legislativo siguiente a la sanción de la presente
disposición, deberá solicitarse nuevamente el acuerdo del Senado a que se
refieren los incisos 5 y 10 del Artículo 83, de la Constitución Nacional y las
leyes que exijan igual requisito.
5. Autorízase por esta única vez a las Legislaturas provinciales para reformar
totalmente sus constituciones respectivas, con el fin de adaptarlas a los
principios, declaraciones, derechos y garantías consagrados en esta
Constitución.
A tal efecto, en las provincias con poder legislativo bicameral, ambas Cámaras
reunidas constituirán la Asamblea Constituyente, la que procederá a elegir sus
autoridades propias y a tomar sus decisiones por mayoría absoluta.
La reforma, de las constituciones provinciales deberá efectuarse en el plazo de
90 días a contar de la sanción presente, con la excepción de aquellas provincias
cuyo poder legislativo no se halle constituido, caso en el cual el plazo se
computará a partir de la fecha de su constitución.
6. A los efectos de unificar los mandatos legislativos cuya duración regla esta
Constitución, dispónese que los mandatos de los senadores y diputados nacionales
en ejercicio caducarán el 30 de abril de 1952.
El mandato de los senadores cuya elección se efectúe para llenar las vacantes de
los que concluyen el 30 de abril de 1949, expirará asimismo el de abril de 1952.
La elección correspondiente deberá realizarse por el procedimiento de elección
por las legislaturas que establecía el Artículo 46 de la Constitución.
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