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Tribunal Constitucional Federal Alemán
Sentencia BVerfGE 7, 198 – Lüth
15 de enero de 1958
1. Los derechos fundamentales son ante todo derechos de defensa del ciudadano en
contra del Estado; sin embargo, en las disposiciones de derechos fundamentales
de la Ley Fundamental se incorpora también un orden de valores objetivo, que
como decisión constitucional fundamental es válida para todas las esferas del
derecho.
2. En el derecho civil se desarrolla indirectamente el contenido legal de los
derechos fundamentales a través de las disposiciones de derecho privado. Incluye
ante todo disposiciones de carácter coercitivo, que son realizables de manera
especial por los jueces mediante las cláusulas generales.
3. El juez civil puede violar con su sentencia derechos fundamentales (§90
BVerGG), cuando desconoce los efectos de los derechos fundamentales en el
derecho civil. El Tribunal Constitucional Federal examina las sentencias de los
tribunales civiles sólo por violaciones a los derechos fundamentales, pero no de
manera general por errores de derecho.
4. Por disposiciones de derecho civil también pueden entenderse las “leyes
generales” en el sentido del Art. 5, párrafo 2 de la Ley Fundamental, y pueden
limitar los derechos fundamentales a la libertad de opinión.
5. Las “leyes generales” para el Estado democrático libre deben ser
interpretadas a la luz del especial significado del derecho fundamental de la
libertad de opinión.
6. El derecho fundamental del Art. 5 de la Ley Fundamental protege no sólo la
expresión de una opinión como tal, sino también, los efectos espirituales que se
producen a través de la expresión de una opinión.
7. La expresión de una opinión, que contiene un llamado a un boicot, no viola
necesariamente las buenas costumbres en el sentido del §826 BGB; puede estar
justificada constitucionalmente mediante la libertad de opinión al ponderar
todas las circunstancias del caso.
Sentencia de la Primera Sala, del 15 de enero, 1958
En el proceso sobre el recurso de amparo promovido por Erich Lüth, presidente
del Club de prensa de Hamburgo, en contra de la sentencia del Tribunal Estatal
de Hamburgo […] el Tribunal Estatal de Hamburgo dictó el 22 de noviembre de 1951
la siguiente sentencia:
“Se condena al demandado, so pena de prisión o multa (que deberá ser determinada
judicialmente) a:
1. Abstenerse
de solicitar a los dueños de los teatros alemanes y distribuidores de películas
que no incluyan dentro de su programación la película Unsterbliche Geliebte
,
producida y distribuida en el territorio alemán por las demandantes.
2. Abstenerse de incitar al público alemán a no ver esa película.
El Tribunal Estatal considera que la expresión del recurrente constituye una
invitación al boicot contraria a las buenas costumbres. La sentencia del
Tribunal Estatal constituye un acto del poder público, bajo la forma especial de
un “acto del poder Judicial”; su contenido puede resultar violatorio del derecho
fundamental del recurrente únicamente si –al momento de dictar sentencia– debió
haberse tenido en cuenta ese derecho fundamental.
La sentencia
prohíbe al recurrente realizar expresiones con las cuales pueda influir sobre
otros para que se unan a su opinión sobre una reaparición de [el director]
Harlan, y que orienten su conducta en contra de las películas producidas por él.
objetivamente, tal prohibición constituye para el quejoso una limitación a la
libre expresión de su opinión. El Tribunal Estatal fundamentó su sentencia
considerando que las expresiones emitidas por el recurrente constituyen un “acto
ilícito” en contra de la demandante, en el sentido del § 826 BGB
;
por tanto, reconoció a la actora, con base en la disposición del Código Civil,
un derecho a exigir que el demandado se abstenga de expresar su opinión. de este
modo, la pretensión de la demandante, en el campo del derecho civil, aceptada
por el Tribunal Estatal, condujo a través de la sentencia del tribunal a una
sentencia del poder público restrictiva de la libertad de opinión del
recurrente. Ésta puede violar el derecho fundamental del recurrente, consagrado
en el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la ley Fundamental, sólo cuando el contenido
de las disposiciones civiles aplicadas se encuentra influenciado por los
derechos fundamentales, de modo tal que no requieren ser invocados en la
sentencia: La cuestión fundamental de si las normas de derechos fundamentales
pueden tener efectos sobre el derecho civil y cómo deben entenderse esos efectos
en particular, es un asunto ampliamente discutido en la doctrina (sobre el
estado actual de las opiniones véase recientemente a Llaufke, en Escritos en
Honor de Heinrich Lehmann, 1956, t. i, pp. 145 y ss., y Dürig, en
Escritos en Honor de Nawiasky, 1956, pp. 157 y ss.). las posiciones más
extremas en esa discusión se basan de una parte en la tesis de que los derechos
fundamentales se dirigen exclusivamente en contra del Estado, y de la otra, en
la idea de que los derechos fundamentales –al menos, algunos de ellos y en todo
caso del director de cine Veit Harlan, quien había rodado el film antisemita
Jud Süß.
El § 826 BGB señala que: “Quien de manera intencional y obrando contra las
buenas costumbres cause un daño a otro, está obligado a repararle por los daños
ocasionados”.2 0 4 Jurisprudencia del tribunal constitucional federal alemán los
más importantes–, son válidos también en el tráfico jurídico privado y frente a
cualquier persona. la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal
existente hasta ahora no ha podido tomar partido por ninguna de estas dos
posiciones extremas; las consecuencias que el Tribunal laboral Federal en su
sentencia del 10 de mayo de 1957 –NJW 1957, p. 1688– extrae de la sentencia del
Tribunal Constitucional Federal del 17 y 23 de enero de 1958 (bverfGE 6, 55 y 6,
84) a ese respecto, van muy lejos. El presente caso no ofrece razones para
dirimir plenamente el discutido asunto del efecto de los derechos fundamentales
frente a terceros. A fin de obtener un resultado adecuado, basta considerar lo
siguiente:
Sin duda alguna, los derechos fundamentales se encuentran destinados a asegurar
en primer lugar la esfera de libertad de los individuos frente a las
intervenciones de los poderes públicos; son derechos de defensa de los
ciudadanos en contra del Estado. Ello se desprende de la evolución espiritual de
la idea de los derechos fundamentales, así como de los acontecimientos
históricos que llevaron a la incorporación de los derechos fundamentales en las
constituciones de cada uno de los Estados. Este sentido tienen también los
derechos fundamentales contenidos en la ley Fundamental, la cual –al anteponer
el capítulo de derechos fundamentales dentro de la Constitución– quiso resaltar
la prevalencia del ser humano y de su dignidad frente al poder del Estado.
Corresponde también con esta concepción el hecho de que el legislador hubiera
garantizado un recurso legal especial para la protección de esos derechos –el
recurso de amparo– exclusivamente en contra de actos del poder público.
Por otro lado, también es cierto que la ley Fundamental no pretende ser un
ordenamiento de valores neutral (bVerfGE 2, 1 [12]; 5, 85 [134 y ss., 197 y
ss.]; 6, 32 [40 y ss.]), sino que ha establecido –en su capítulo sobre derechos
fundamentales– un orden de valores objetivo, a través del cual se pone de
manifiesto la decisión fundamental de fortalecer el ámbito de aplicación de los
derechos fundamentales (Klein / v. Mangoldt, Das Bonner Grundgesetz, t. iii, 4,
notas al Art. 1, p. 93). la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la
personalidad (la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social)
forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye, a su vez, una
decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del
derecho; así, este sistema de valores aporta directivas e impulsos al poder
legislativo, a la Administración y a la Judicatura. Éste influye, por supuesto,
también al derecho civil; ninguna disposición del derecho civil puede estar en
contradicción con él, todas deben interpretarse en su espíritu. El contenido
jurídico de los derechos fundamentales como normas objetivas se desarrolla en el
derecho privado a través de las disposiciones que predominan directamente en
medio de ese campo del derecho. Así como el nuevo derecho debe estar en
concordancia con el sistema de valores fundamental, el viejo derecho [anterior a
la Constitución] debe orientarse –en cuanto a su contenido– a ese sistema de
valores; de ahí se deriva para él un contenido constitucional específico, que
determina de ahora en adelante su interpretación. una controversia entre
particulares sobre derechos y deberes en el caso de las normas de conducta del
derecho civil, que han sido influenciadas por los derechos fundamentales, sigue
siendo material y procesalmente una controversia del derecho civil. Se
interpretará y aplicará el derecho civil, aun cuando su interpretación deba
apegarse al derecho público, es decir, a la Constitución.
La influencia de los parámetros valorativos establecidos por los derechos
fundamentales, cobra especial validez tratándose de aquellas disposiciones de
derecho privado que abarcan normas obligatorias (taxativas) y que, por tanto,
forman parte del ordre public (en sentido amplio); es decir, se trata de
principios que, en aras del bien común, deben ser obligatorias también para la
configuración de relaciones jurídicas entre particulares y, por tanto,
prevalecen sobre la voluntad de los particulares. Esas disposiciones tienen en
su finalidad un estrecho parentesco con el derecho público y lo complementan.
Éstas deben exponerse en gran medida a la influencia del derecho constitucional.
Para hacer realidad dicha influencia, la Judicatura cuenta –en especial– con las
“cláusulas generales“ que, como el § 826 bGb, remiten para la valoración de las
conductas humanas a criterios externos al derecho civil e incluso extralegales,
tales como el de las “buenas costumbres”. Así, para determinar el contenido y
alcances de las exigencias sociales en un caso particular, se debe partir, en
primer lugar de la totalidad de las concepciones axiológicas que el pueblo –en
un determinado momento de su desarrollo cultural y espiritual– ha alcanzado y
fijado en su Constitución. Por consiguiente, se ha designado con razón a las
cláusulas generales como el “punto de irrupción” de los derechos fundamentales
en el derecho civil (Dürig en Neumann-NipperdeyScheuner, Die
Grundrechte, t. ii, p. 525).
El juez debe examinar, merced al mandato constitucional, si las disposiciones
materiales del derecho civil aplicadas, han sido influenciadas por los derechos
fundamentales en la forma descrita; si esto es así, entonces tendrá que tener en
cuenta para la interpretación y aplicación de esas disposiciones las
modificaciones al derecho privado que de allí se originen. Éste es el sentido
también de la vinculación del derecho civil a los derechos fundamentales (Art.
1, párrafo 3 de la ley Fundamental). Si omite esos criterios, y su sentencia
deja por fuera esa influencia del derecho constitucional sobre las normas del
derecho civil, violaría entonces no sólo el derecho constitucional objetivo,
debido a que desconoce el contenido de la norma que contempla el derecho
fundamental (como norma objetiva), sino que además, como portador del poder
público, violaría con su sentencia el derecho fundamental, a cuyo respeto tiene
derecho constitucional el ciudadano, aun respecto del poder jurisdiccional. En
contra de una sentencia de esta clase –sin perjuicio de la impugnación del error
en las instancias civiles– se puede acudir al Tribunal Constitucional Federal,
por la vía de un recurso de amparo [...]
El derecho fundamental a la libertad de expresión es, como expresión directa de
la personalidad humana en la sociedad, uno de los derechos más supremos (un
des droits les plus precieux de l’homme, de conformidad con el artículo 11
de la declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789). Hace parte
del orden estatal democrático y libre, el que se posibilite la permanente
controversia ideológica, la contraposición de opiniones, que son su elemento
vital (bVerfGE 5,85 [205]).
En cierto
sentido, es el fundamento de toda libertad, the matrix, the indispensable
condition of nearly every other form of freedom (Cardozo).
De ese significado fundamental de la libertad de opinión para el Estado
democrático liberal se origina el que no sería consecuente, como punto de
partida de ese sistema constitucional, que toda relativización del alcance
material de ese derecho fundamental se dejara a la ley ordinaria (y con esto
necesariamente a los tribunales que interpretan la ley mediante la
jurisprudencia). En principio se aplica también aquí, lo que ya se dijo en
general, sobre la relación de los derechos fundamentales y el ordenamiento del
derecho privado: las leyes generales, que tienen un efecto restrictivo sobre un
derecho fundamental, deben ser vistas a la luz del significado de ese derecho
fundamental, e interpretarse de modo tal que el especial contenido de valor de
ese derecho, deba llevar en una democracia liberal a que se garantice, en todo
caso, una presunción básica a favor de la libertad de expresión en todos los
ámbitos, pero principalmente en la vida pública. la relación contrapuesta entre
derecho fundamental y “ley general” no debe ser vista tampoco como una
restricción unilateral de la vigencia del derecho fundamental a través de la
“ley general”; se da más una interacción, en el sentido que la “ley general”
ciertamente determina el tenor de acuerdo con los límites del derecho
fundamental, pero interpretado a su vez, con base en el reconocimiento del
significado, como determinante de valores, que se le otorga a ese derecho
fundamental en un Estado liberal democrático, y así, en su efecto limitante del
derecho fundamental, debe una vez más limitarse ella misma [...].
El concepto de “ley general” ha sido discutido desde el comienzo. Se debe
determinar si el concepto quedó en el Art. 118 de la Constitución de Weimar de
1919, sólo debido a un error de redacción (véase al respecto Häntzschel, en
Handbuch des Deutschen Staatsrecht, 1932, t. ii, p. 658). En todo caso, fue
durante la vigencia de esa Constitución que se dio la interpretación de que por
“todas las leyes”, se debía entender aquellas que “no prohíben una opinión como
tal, las que se dirigen en contra de la expresión de una opinión como tal, las
que además, sirven directamente para la protección de un bien jurídico, que se
debe proteger sin necesidad de tener en cuenta determinada opinión”, o para la
protección de un valor de la comunidad, frente al cual tiene prevalencia el
ejercicio de la libertad de opinión.
Si el concepto de “ley general” se entiende de este modo, se torna entonces, en
resumen, en el sentido de la protección del derecho fundamental: la idea de que
la expresión de una opinión se tenga que proteger sólo como derecho fundamental,
pero no por el efecto que causa sobre otros, y que persigue o conlleva, se debe
rechazar. El significado de la expresión de una opinión debe partir de su
“efecto espiritual sobre el entorno” (Häntzschel, ibid., p. 655). por
consiguiente, los juicios de valor, que tienen por objeto causar un efecto
espiritual, y que principalmente, buscan convencer a otros, se encuentran
protegidos por el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la ley Fundamental; la
protección del derecho fundamental se relaciona en primer lugar, con las
opiniones propias de quien las expresa, que se expresan en un juicio de valor,
mediante el cual se busca causar un efecto sobre otros. una separación entre
expresiones (protegidas) y efectos de la expresión (no protegidos) no tendría
sentido. La expresión de una opinión, así entendida, esto es, en su puro efecto
espiritual, es como tal, libre; pero cuando a través de ella se perjudica un
bien jurídico, protegido legalmente, de un tercero, cuya protección prevalece
sobre la libertad de opinión, entonces no se podrá permitir esa intervención por
el hecho de que se dé a través de la expresión de una opinión. Se requiere, por
consiguiente, una “ponderación de los bienes jurídicos”. El derecho a expresar
opiniones debe ceder frente a los intereses de superior rango de un tercero, y
que puedan resultar violados con el ejercicio de la libertad de opinión. Lla
existencia de tales intereses supremos en cabeza de un tercero se debe
establecer con base en todas las circunstancias del caso [...].
El Tribunal Constitucional Federal, con base en esas consideraciones, está
convencido de que el Tribunal Estatal ha desconocido en la valoración de la
conducta del recurrente, el especial significado que se le atribuye al derecho a
la libertad de expresión, también allí donde ésta entra en conflicto con los
intereses privados de terceros. La sentencia del Tribunal Estatal omite los
criterios basados en los derechos fundamentales, y viola así el derecho
fundamental del recurrente contemplado en el Art. 5, párrafo 1, frase 1 de la
ley Fundamental. por consiguiente, se revoca
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